No hay nada más neoliberal que una concesión de un servicio público y peor aún si se trata del agua potable.
Poco a poco, Aguakán se está convirtiendo en una papa caliente para ayuntamientos, la Legislatura local y hasta el Gobierno del estado.
Y es que la concesionaria ha pretendido que su asunto siga en el limbo, pese que los ciudadanos de los municipios en los que viene operando, a través de una consulta popular, rechazaron la continuidad de Aguakán.
La concesión de una Aguakán es una herencia del viejo del PRI, en particular de los exgobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge.
La llegada del Gobierno del Cambio no implicó ninguna acción contra Aguakán. La concesionaria, convivió felizmente a través de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), quien tivo con el perredista Gerardo Mora, un solo director a lo largo del sexenio de Carlos Joaquín.
Sin embargo, como a todos lo santitos a la Aguakán le llegó su feriecita, cuando a iniciativa de la senadora Marybel Villegas, la continuidad de esta concesión se sometió a consulta popular en los cuatro municipios en los que sigue operando.
En Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen) la mayoría de los votantes dijo no a Aguakán, aunque en el municipio playense los votos no fueron suficientes para que este mandato popular sea vinculante.
Las elecciones fueron hace seis meses y Aguakán sigue en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos
Los intereses y las implicaciones son tremendas y la estrategia parece ser hasta ahora “patear la lata”.
