Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un escolta del Gobierno de Quintana Roo ha evadido por cinco años la acción de la justicia en un pleito judicial que enfrenta por supuestos daños que ocasionó a una vivienda.
Carlota Pineda Olivo, mujer de 53 años que habita en la Colonia Ejidal en la ciudad de Playa del Carmen relató que a principio del año 2017, Francisco de la Cruz de la Cruz, agente de la Policía de Solidaridad, construyó su casa al lado del hogar de la afectada.
Explicó que durante la construcción causó daños a sus paredes por lo que el agente aceptó, mediante un acuerdo verbal, reparar los daños de la vivienda de su vecina.
Carlota Pineda dijo que pasaron los meses y la reparación no se realizó, por lo que recurrió al Ayuntamiento de Solidaridad donde tampoco tuvo respuesta favorable, lo que la llevó a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
Tras investigar el hecho, se emitió la recomendación CDHEQROO/010/2018/III, que ordenó a Arturo Regalado Hendricks, William Conrado Alarcón y Doris Aké Sierra, responsables en ese entonces de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Infraestructura y Cambio Climático a emitir una disculpa pública.
Asimismo, se instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) incorporarle a su padrón, para resarcirle el daño mediante el fondo de reparación pero hasta ahora no se ha cumplido con tales ordenamientos.
Sin embargo y pese al ofrecimiento de las disculpas públicas, el agente se negó a reparar los daños, por lo que, la afectada acudió al Congreso del Estado para buscar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, ni la presidente saliente Judith Rodríguez Villanueva ni la actual, Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui, se lo brindaron.
Decepcionada promovió un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito I, órgano que el 15 de agosto del presente año ordenó al Poder Legislativo apoyar a la víctima, aunque los legisladores tampoco han cumplido.
Carlota Pineda, comentó que después de cinco años de haber iniciado el proceso su salud se ha deteriorado, pues aseguró que sufre de arritmia cardiaca, variaciones de presión arterial y alteración de nervios.
“En represalia a las denuncias, el policía ha acudido a mi domicilio para amenazarme de muerte con su arma de cargo, además de haber disparado al aire en reiteradas ocasiones”.
Dijo que el ser “escolta” de un funcionario cercano al gobernador Carlos Joaquín González, le hace comportarse así, pues ha obtenido el respaldo jurídico de sus jefes para evadir la acción penal.
Recriminó que el propio ex presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, haya sido insensible en su caso y haya pretendido persuadirle que desistiera de su denuncia y queja.
