Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) inició un procedimiento administrativo y penal contra un funcionario estatal que sustrajo expedientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 3 con sede en el municipio de Benito Juárez, dio a conocer la secretaria de la Secoes, Reyna Arceo Rosado.
“Todas las acciones que se detecten en todas las áreas, se va a presentar la denuncia y vamos a darle seguimiento”, señaló.
A este funcionario se le inició una carpeta de investigación, pues se le señala de que presuntamente desapareció expedientes que estaban dentro del proceso de entrega recepción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Sobre la identidad del funcionario investigado, la secretaria de Secoes no otorgó mayores detalles pues dijo que es para “no entorpecer las investigaciones”.
Reyna Arceo explicó que están trabajando en un programa en todas las oficinas del Gobierno de Quintana Roo para abatir la corrupción y garantizó que en todas las acciones irregulares que se detecten se presentarán las denuncias necesarias.
Dijo que hay que dejar muy claro que lo que es una denuncia, lo que son las observaciones del proceso de entrega-recepción y lo que son las quejas que reciben diario, pues puntualizó que se trata de temas y asuntos diferentes.
“Las quejas que recibimos diario por cuestiones de no atención a los ciudadanos, las denuncias que tengan los elementos para proceder y lo que es el proceso de empresa, en este caso con lo que es la Secretaría de Trabajo, estuvimos presentes, se levantaron los hechos porque es documentación muy importante que puede en dado momento tener una responsabilidad mayor”, aseveró.
Sobre el avance de observaciones a otras dependencias, dijo que aún se está en tiempo para presentar los resultados ya que sigue el proceso de entrega de 60 días, que, aunque se realicen observaciones, este lapso no impide que se pueda proceder contra funcionarios debido a que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos tiene un plazo de hasta siete años para abrir un expediente por cualquier conducta o irregularidad cometida.
“Esta se puede ampliar otros siete años, la ley es muy amplia, todo el proceso que se llevará acabo de supervisión, físicamente y documentalmente, lo que nos permitirá abrir otro proceso como marca la ley”, mencionó.
