Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL, MX.— La aplanadora morenista y sus aliados en la XVII Legislatura del Congreso del Estado mandaron a comisiones para su “estudio y análisis” un punto de acuerdo del bloque opositor con carácter de “urgente y obvia resolución”, a fin de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución prioritaria y urgente de la Controversia Constitucional número 226/2019, en atención al interés social y a los derechos humanos de los habitantes de localidades de la zona limítrofe con Campeche y Yucatán que no cuentan con servicios adecuados.
La propuesta la firmaron Cinthya Millán Estrella, del PAN, Alfonsa Padilla Medina, del MAS; Deyanira Basurto Basurto, del MC; y Candy Ayuso Achach, del PRI, pero el grupo parlamentario de Morena “consideró” que el exhorto debe ser analizado a fondo.
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La diputada Millán Estrella defendió su postura y asumió que este punto de acuerdo se tomó a partir de que en la zona territorial en disputa existen al menos 70 localidades que se encuentran bajo el concepto de “indeterminación jurisdiccional”, es decir, todavía no se sabe a qué entidad pertenecen, toda vez que existe un litigio constitucional de por medio desde hace varios años, lo cual trae consigo falta de inversión en obras y programas de apoyo social.
En esa zona viven alrededor de 30 mil habitantes que no tienen agua potable y otros servicios.
Esta situación ha provocado que los habitantes tramiten amparos y denuncias en contra de las autoridades municipales para obligarlas a dotarlas de servicios básicos como ya ha sucedido.
De acuerdo con el documento que obra en la Gaceta Legislativa de fecha 14 de noviembre, 33 localidades limítrofes cuentan con alto nivel de rezago social y pobreza extrema, derivada de la indefinición territorial.
La misma petición se pretendía hacer a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y, por supuesto, con copia para los congresos de los estados de Yucatán y Campeche.
Aunque el diputado morenista Humberto Aldana Navarro aplaudió el interés del bloque opositor de defender el territorio de Quintana Roo y de sus habitantes, terminó por señalar que lo mejor era tratar el asunto en comisiones para conocer el estatus en el que se encuentra la controversia constitucional y no entorpecer, si fuera el caso, el trabajo y las deliberaciones de la SCJN.
Al final, el diputado Julián Ricalde Magaña salió en defensa de la propuesta porque se trata de un punto de acuerdo, de un exhorto, que no tiene por qué pasar a comisiones para su estudio. “Sólo espero que el exhorto no se quede en la congeladora”.
