Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora de Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, hizo un enérgico llamado al gobierno federal y a los legisladores de Morena para que los recursos generados por el Derecho de No Residente (DNR) sean destinados exclusivamente a la promoción turística, como originalmente se había previsto, y para reconsiderar la aplicación de este cobro a los pasajeros de cruceros, particularmente ante el exorbitante aumento propuesto en la Ley Federal de Derechos para 2025.
El DNR es un cobro que deben realizar los extranjeros al ingresar a México bajo la condición de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, y que afecta a los turistas que lleguen por vías aéreas, marítimas y terrestres.
Para 2025, este impuesto experimentará un aumento significativo de 143.42 pesos, pasando de 717.14 a 860.56 pesos por persona y se decidió eliminar la exención de la que gozaban los turistas de crucero.
Te puede interesar: Solicita “Gino” Segura prórroga de 180 días para el cobro a cruceristas
Mayuli Martínez expresó su preocupación por el impacto negativo que este incremento tendrá en los puertos mexicanos que dependen del turismo de cruceros, como Cozumel y Mahahual, que reciben cada año a más de 3.5 millones de cruceristas, lo que representa un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo.
Aseguró que esta medida, lejos de ser una solución, pone en peligro la competitividad de estos destinos frente a otros puertos del Caribe, y afectará a miles de familias que dependen de este sector.
“Este es un golpe directo a la industria turística de Quintana Roo y una puñalada traicionera a los trabajadores que viven del turismo. Mientras pregonan que su prioridad son los pobres, en la práctica están destruyendo las fuentes de trabajo de los más vulnerables”, declaró la legisladora.
Según datos de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), el incremento del DNR hará que el costo de visitar los puertos mexicanos sea un 213% más caro que el promedio de otros puertos del Caribe, lo que podría excluir a México del mapa de destinos de los cruceros.
Las líneas de cruceros ya están evaluando modificar sus itinerarios y cancelar escalas en México, lo que afectaría a más de 10 millones de pasajeros que visitan el país anualmente.
Mayuli Martínez advirtió que, si se mantiene esta propuesta, se perderán más de 20,000 empleos directos y más de 200 millones de dólares en salarios para los trabajadores mexicanos.
Además, el impacto económico podría ascender a 1,000 millones de dólares en ingresos directos para las empresas nacionales que dependen del turismo de cruceros.
La senadora también criticó la falta de transparencia en el destino de los recursos generados por el DNR. Mientras que la Ley Federal de Derechos preveía que estos fondos se destinaran a la promoción turística, la reforma actual propone que el 67% se destine a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proyectos de infraestructura, mientras que el 33% restante se destinaría a una bolsa de recursos para el uso discrecional del gobierno federal.
Destacó que una prórroga de seis meses de la aplicación de ese cobro a los cruceristas, no es ninguna solución, pues solo pospondría una afectación que será mayúscula.
“Lo que se necesita es cancelar esa intención”, afirmó.
La senadora acusó al gobierno federal de intentar cubrir sus errores financieros a costa de sectores estratégicos como el turismo.
“Lo advertimos desde el principio: tanto derroche en programas clientelares y proyectos inservibles, tarde o temprano tendría consecuencias. Ahora buscan recaudar donde sea, sin importar que destruyan las fuentes de trabajo de los que menos tienen”, afirmó.
Mayuli Martínez hizo un llamado al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para reconsiderar la medida y, en el caso del DNR que se recauda a otro tipo de viajeros, devolverle su fin original, que es el de la promoción.
“No podemos permitir que decisiones unilaterales sigan golpeando a sectores productivos fundamentales para nuestro estado. Si realmente creen en el progreso, deben priorizar el diálogo con las empresas y la defensa de las familias que dependen de esta industria”, concluyó.
