Martín G. Iglesias
A un mes del cambio de administración en los 11 municipios de Quintana Roo, el silencio en cuanto a las administraciones pasadas es evidente, quizá porque ocho repiten en el cargo por la vía de la reelección y no les conviene “darse un tiro en el pie”.
La falta de atención a las necesidades más básicas de los ciudadanos, como recoja de la basura, alumbrado público, bacheo, ayuda social y seguridad preventiva, es evidente con las quejas constantes de los diversos grupos; algunos no se atreven a hablar en público, pero en sus reuniones privadas levantan la voz.
Por ejemplo, los hoteleros reclaman que en los municipios con alta vocación turística, como Benito Juárez, donde está Cancún; Solidaridad, donde está Playa del Carmen; Tulum, Bacalar y por ende, Chetumal, como capital del Estado; la seguridad pública sea una realidad, porque ya para nadie es un asombro que en estas demarcaciones los ejecutados sean “el pan nuestro de cada día”.
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No lo digo yo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reporta que en Quintana Roo, de enero a septiembre se han cometido 40 mil 802 delitos del fuero común, con un promedio mensual de 4 mil 533.5 hechos y si lo aterrizamos diariamente serían 151.11 delitos.
Vayamos un poco más profundo en estos flagelos sociales, que vienen a quitar la paz y la tranquilidad de los habitantes y, desde el punto de vista de los empresarios, inhiben las inversiones, que llegan, pero siendo un lugar seguro llegarían más. Si hablamos de la tasa de homicidio culposo por cada 100 mil habitantes, estamos arriba de la nacional con 3.53 eventos por cada 100 mil personas; el robo a negocio, es otro de los males del Estado con 9.13 hechos por cada 100 mil habitantes; en violaciones, estamos con 3.26 eventos por cada 100 mil habitantes y; la violencia intrafamiliar llega a 34.83 actos por cada 100 mil habitantes.
Pero donde nos llevamos el primer lugar, por mucho, es en la trata de personas, porque de las 32 entidades, en Quintana Roo tenemos 0.85 eventos por cada 100 mil habitantes. Esto quiere decir que hay mafias específicas, más allá de las del narcotráfico, que fomentan este tipo de delito; por cada golpe que la autoridad realiza con la detención de los culpables y de la liberación de las víctimas, hay un 80 por ciento que no se detecta.
Si las autoridades de los dos niveles de gobierno (Federal y Estatal) no ayudan al Municipio a salir adelante con este problema de inseguridad, cada vez más iremos perdiendo a la sociedad en su conjunto, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres de 18-25 años; pero lo más lamentable es que el paraíso se seguirá tiñendo de rojo. Ahí se las dejo…
SASCAB
La XVIII Legislatura apura el paso en cuanto a los temas coyunturales en Quintana Roo, al grado de aprobar en lo general la cuenta pública del 2022, año de la transición del gobierno de Carlos Joaquín González (2016-2022) al de Mara Lezama (2022-2027), con la observancia de falta de solventación por casi 20 millones de pesos.
Los faltantes se encontraron en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (Cecyte), por 2 millones 708 mil 105.96 pesos, bajo la administración del joaquinista Carlos Mario Uc Sosa; en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPT), donde despachó Darío Flota, hay pendientes por 3 millones 064 mil 800 pesos; el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, a cargo de Jaqueline Estrada Peña, por 7 millones 912 mil 472 pesos y; la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), cuyo rector fue Francisco López Mena, por 790 mil 850.63 pesos.
Esperemos a ver qué hará la Auditoría Superior del Estado (ASE), en cuanto a estas observaciones que todavía no prescriben. Al tiempo…
