Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (Aguakan) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) se embolsaron cerca de 22 mil millones de pesos por concepto de cobros indebidos en perjuicio de cientos de miles de usuarios en los últimos años.
Con esos recursos, el gobierno del Estado pagaría la deuda pública y hasta la sobraría dinero.
La empresa Aguakan prácticamente les robó a los usuarios cerca de 17 mil millones de pesos por alta facturación desde el inicio de sus operaciones en cuatro municipios de la zona norte del Estado y la Capa alrededor de cinco mil millones de pesos por incrementos irregulares en las tarifas, revela un estudio realizado por el Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo).
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Juventino Castillo Pinzón, investigador del Iapqroo, elaboró un estudio sobre las tarifas de agua potable de 1980 a 2023, lo que arrojó que Quintana Roo posea el costo más alto en el país y mensualmente reporte una facturación de 1.3 veces mayor por el servicio.
“Aguakan, en 2021, estaba cobrando un 92 por ciento arriba del costo total del servicio; en el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado fue del 67 por ciento”.
La diferencia es que Capa atiende más del 85 por ciento de la población rural, tiene mucha dispersión, tiene mayor costo, contrario a lo que se pensaría; en contraste, Aguakan tiene los usuarios que mayor pagan con relación al consumo.
Los casi 17 mil millones que Aguakan cobró de más a los usuarios de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen tienen que ser devueltos por la empresa, “porque se trató de un cobro irregular”, dijo Castillo en una reunión realizada aquí en el emblemático parque “Los Caimanes”, con la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes firmaron un Compromiso Ciudadano para que el Iapqroo presente ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que, por una parte, congele las tarifas de agua potable e incluso reducirlas 60 por ciento y, por otra, la desaparición de la Capa y de la Dirección de Recuperación de Adeudos Fiscales (Draef).
La desaparición de ambas instituciones es para devolverle a los municipios la facultad que tienen de prestar y administrar el servicio de agua potable a la población, porque se trata de un derecho universal y no empresas privadas o públicas que lucren con el recurso hídrico.
Castillo Pinzón insistió en que la postura del Congreso del Estado con respecto a la abrogación del decreto 250 que ampliaba otros 30 años la concesión a Aguakan, fue buena; sin embargo, no se trataba de que la empresa se fuera de Quintana Roo, sino que devolviera ese dinero que arrebató prácticamente a los usuarios.
El Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo alertó al actual gobierno marista sobre los problemas que traería el cobro de las tarifas de agua potable por parte Aguakan y Capa, pero hasta hoy no ha habido reacciones y, en cambio, los incrementos en la facturación continúan al por mayor.
