Jorge A. Martínez Lugo/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- En la sesión 14 de la Comisión Permanente de la XVII Legislatura celebrada este 16 de agosto, se dio lectura a la iniciativa para condonar adeudos ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a usuarios de Chetumal con adeudos de entre 18 hasta 211 meses, que en dinero se traduce entre 30-40 mil pesos hasta un millón 200 mil pesos.
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Lo anterior como respuesta a las afectaciones que sufrieron los pequeños negocios y familias por las intensas lluvias de junio pasado, afectando 120 de las 140 colonias de Chetumal, con daños relevantes y pérdida de patrimonio, por lo que es oportuna esta iniciativa de la diputada Elda Xix Euán, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos; la iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y dictamen.
Confunde tarifas con impuestos
Sin embargo, esta iniciativa no atiende el profundo reclamo ciudadano contra CAPA, que a pesar que es una empresa pública, actúa igual o peor que Aguakán, tanto en sus tarifas que son las más elevadas del país, como en el cobro de adeudos, mediante el embargo y enajenación de bienes, a través de la “policía fiscal” la temible DRAEF-CAPA que aplica su “facultad económica coactiva” es decir, llega a despojar propiedades para cobrarse, a familias que pierden su único patrimonio.
Se ha dicho hasta el cansancio que CAPA y la Ley de Hacienda estatal consideran los adeudos de CAPA como adeudos fiscales porque los toma como impuestos y no como derechos por un servicio de agua potable, que además, es un derecho humano.
Al tomarlo como deuda fiscal CAPA practica el “anatocismo, que es una práctica financiera que supone la capitalización de los intereses generados en una deuda, lo que significa que los intereses pasan a formar parte del capital y, en consecuencia, genera nuevos intereses en la actualización mensual que corresponda”.
CAPA tiene más de 10 mil usuarios morosos
CAPA tiene 80,402 usuarios, de los cuales 10,402 tienen deuda de entre 18 a 211 meses. De éstos, 10,064 (96.7%) son usuarios con tarifa doméstica y de éstos a su vez, 5,111 tienen adeudo con crédito fiscal ante la terrible DRAEF, que como cualquier banco neoliberal despoja de su patrimonio a las familias, apoyado en la Fiscalía de Raciel López y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Heyden Cebada, porque la justicia es ajena a las necesidades del pueblo. Lo bueno que tenemos un gobierno 4T!
Qué bien que eliminarán los adeudos a quienes perdieron pertenencias y patrimonio; iniciativa pertinente pero insuficiente; es necesario que se revise el fondo neoliberal de empresas como CAPA y Aguakán, que siguen actuando como si en Quintana Roo no existiera una transformación.
Todavía este 15 de agosto lo dijo Claudia Sheinbaum, al recibir su constancia como Presidenta Electa de México:
“Pondremos orden en las concesiones de agua potable”, lo cual incluye no sólo a Aguakán, sino a la propia CAPA que actúa igual o peor, alejada de su espíritu de empresa pública, que se comporta como la banca comercial, despojando a deudores domésticos de su patrimonio; muy lejos de cumplir con la Constitución que desde 2015 mandata garantizar el agua potable como un derecho humano.
Pero CAPA y Aguakán se pasan la Constitución por el arco del triunfo.
