Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Las reformas aprobadas anoche a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, obligan a la administración pública estatal y a los once ayuntamientos de Quintana Roo a destinar el cinco por ciento del total de su planta laboral a la contratación de trabajadores con algún tipo de discapacidad, a través de las plazas vacantes o de nueva creación.
Las reformas abren un abanico de oportunidades a todas aquellas personas con discapacidad que, por su condición, eran discriminadas a la hora de solicitar empleo en administraciones anteriores.
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Se trata de un acto de justicia social para este sector vulnerable de la población quE ahora será tomado en cuenta en áreas específicas de los gobiernos del Estado y municipales.
Además, esta ley otorga beneficios fiscales a las personas con discapacidad que tengan algún tipo de negocio propio para su auto sustento, o bien, a instituciones o empresas del sector privados que ofrezcan el mismo porcentaje de la planta laboral.
La aplicación de esta ley tendrá efecto a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y establece un período de dos años para que las dependencias y gobiernos municipales logren tener en nómina el porcentaje completo establecido en la normatividad.
