Francisco J. Rosado May
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La elección del próximo gobernante en Quintana Roo se lleva a cabo en un contexto inédito. Hacienda anunció la semana pasada un recorte en su expectativa de crecimiento del PIB en 2022, bajo de 4 a 3.4 % del PIB. Moody’s espera que México crezca menos del 2%, y desde 2020 califica a México en categoría Baa1 pero con tendencia negativa; con un grado de inversión difícil. En 2020, cuando México vio reducido su PIB en 7:9%, en Q. Roo el descenso fue de – 24.1.
Con ese dificilísimo contexto económico el próximo gobernador de Q. Roo solo durará 5 años en el cargo, el plazo para ampliar el periodo venció sin tener cambio. En otras palabras, con la urgencia de mejorar en la economía se incrementa la necesidad de un excelente plan de gobierno.
Varias voces han hecho público su interés en participar en el diseño del plan de gobierno. El 28 de marzo pasado 15 agrupaciones ciudadanas del estado se reunieron para hablar de elementos necesarios e indispensables que debe contemplar el nuevo plan de gobierno; destacaron que ese plan no debe basarse en ideologías, sino que debe tomar en cuenta todas las opiniones para definir proyectos y acciones que tomen en cuenta la seguridad y crecimiento del estado. Mucho antes, octubre 2021, los empresarios agrupados a través de los Consejos Coordinadores Empresariales anunciaron que organizarán mesas de trabajo para crear una agenda y compromisos que serán presentados a tod@s los candidat@s, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil, para generar propuestas que deben contemplarse en un plan de gobierno.
Las campañas han iniciado, es de esperar que cada candidato/a ya tiene un grupo de trabajo dedicado a elaborar el plan de gobierno. ¿Seguirán la misma inercia y metodologías de antes? Ojalá que no, el contexto actual no permite ese lujo.
Dos factores deben ser puntos de referencia para dicho plan: la urgente necesidad de crecer en la economía y la indispensable e inaplazable atención a los objetivos del desarrollo sostenible, establecidos por la ONU, así como los Derechos Humanos.
Con base en lo anterior, una metodología heterodoxa, pero eficaz, para la elaboración del plan de gobierno de Q. Roo podría basarse en una matriz de 2 ejes. Por un lado, los 3 sectores económicos, las TIC’s y los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (término de la ONU). Por otro lado, los servicios que deben garantizar el buen desempeño de los sectores: seguridad, educación, salud, infraestructura, y medio ambiente, todos de calidad. Los proyectos y acciones establecidos en la intersección de cada componente de la matriz deben de tener como punto de referencia los objetivos de cada uno de los 2 ejes. Para el eje de los servicios, el objetivo debe ser garantizar los derechos humanos. Para el eje de los sectores económicos, el objetivo debe ser cumplir, en la mayor medida posible, con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
La misma matriz se puede usar para el diagnóstico por municipio y luego articularlos para generar el plan estatal. Por supuesto que los planificadores deben tener coordinación eficaz con el plan de desarrollo del país.
Tomar, como se ha hecho siempre, el plan nacional para configurar el plan estatal ya no tiene sentido. Por un lado, son instrumentos y necesidades diferentes y por otro lado tienen dinámica diferente. Si, hay que tener articulación, pero no necesariamente dependencia.
¿Sería fácil una planeación como la que se propone? No, pero la situación del estado obliga a innovar. La alternativa sería mantenernos en la inercia, sin cambios.
Es cuanto.
