Francisco J. Rosado May
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Hace unos días se aprobó el presupuesto de ingresos 2025, para el país. Es requisito indispensable saber con cuanto se cuenta para después hacer su distribución, a través del presupuesto de egresos, del cual ya se conoce la propuesta inicial que está a discusión en la Cámara de Diputados.
Independientemente de la crítica a las cantidades estimadas para determinar los ingresos del 2025, como el precio del petróleo o la paridad del peso con el dólar americano, su distribución en el egreso seguramente seguirá la misma tendencia, con recortes en algunos rubros e incremento en otros, tal y como reportan FUNDAR e IMCO (https://fundar.org.mx/publicaciones/analisis-del-paquete-economico-2025-nuevas-propuestas-menos-presupuesto/ ; https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Analisis-del-Paquete-Economico-2025_IMCO.pdf).
Una de las áreas que tiene tendencia a reducción de recursos es la de educación superior. Si bien Hacienda reconoció que la propuesta original de presupuesto para la UNAM y el IPN fue un error al asignar una reducción importante con respecto al otorgado en 2024. la tendencia no se ha corregido y no se espera un cambio significativo. Aunque falta la versión final aprobada del presupuesto, hay señales que la tendencia no se ha corregido y no se espera un cambio significativo. Por ejemplo, el 30 de noviembre diversos medios difundieron un mensaje de la mañanera presidencial en el sentido de que las universidades necesitan austeridad, su burocracia ha crecido. Al mismo tiempo se señaló que las universidades Benito Juárez si tendrán un aumento presupuestal y se anunció un decreto para que la universidad Rosario Castellanos sea una institución de carácter nacional.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad reconoce que hay irregularidades en el manejo presupuestal en las universidades, pero la reducción del presupuesto no va a corregir las fallas, porque no se atienden las causas básicas y podría afectarse el derecho al acceso a la educación de calidad.
¿Tiene el gobierno, estatal o federal, los mecanismos eficaces para revisar no solo los números en el informe financiero que cada institución debe entregar a finales del ejercicio anual, sino las causas que explican el no logro de los objetivos que la presidenta señaló en la mañanera? Si tuviéramos profesionales formados con calidad y pertinencia, ¿por qué tenemos tantos rezagos en nuestro desarrollo social y económico? Se debe revisar, por ejemplo, los modelos educativos que implementan la especialización temprana; la no evaluación continua de académicos para su permanencia en la institución; el nombramiento de directivos sin perfil, sin experiencia, pero con recomendaciones políticas; la falta de mecanismos eficaces para suspender carreras e implementar otras; los pasos administrativos que en forma obligatoria deben llevar a cabo las IES y profesores, ¿se pueden simplificar, no solo con la idea de reducir burocracia y tiempo sino costos? Estos ejemplos, y muchos más, resultan en operaciones costosas y poco eficientes en instituciones de educación superior; adicionalmente, con mecanismos cuestionables para castigar las violaciones a derechos humanos u hostigamiento laboral o sexual.
En conclusión, sí deben hacer su parte las instituciones de educación superior y su personal académico y administrativo, pero también debe hacer su parte el gobierno estatal y federal, para hacer más eficiente el uso del presupuesto.
Punto y aparte. Agradeciendo los comentarios sobre la entrega de la semana anterior, doy respuesta a una pregunta. Si, tengo tres casos en la CDHEQROO. Pero conociendo un poco el entorno, ¿qué atención darán a alguien que les rechazó una disculpa pública por mal procedimiento, que los llevó ante la Comisión de Derechos Humanos del H Congreso local y no salieron bien, y que les ha detenido una acción improcedente de cerrar un caso porque simplemente no les asiste ni la razón ni el derecho, contradiciendo su propio dictamen?
Es cuanto.
