Jorge A. Martínez Lugo
Hoy 31 de diciembre de 2024 se cumple un año de que terminó la concesión original por 30 años de Aguakán otorgada en 1993; CAPA debería estar prestando el servicio de agua potable y alcantarillado desde el 1° de enero de 2024, cuando entraría en vigor la revocación de la ampliación por otros 30 años, por parte de la XVII Legislatura, del viernes 22 de diciembre de 2022.
No es así y Aguakán sigue como si nada, porque la empresa de la familia Ballesteros se amparó ante el Poder Judicial federal para defender el acuerdo de extensión otorgada por la XIV Legislatura en 2014, presidida por Pedro Flota Alcocer, que le otorgó otros 30 años, hasta el 31 de diciembre de 2053, cuando el gobernador era Roberto Borge Angulo, quien recibió el pago de mil millones de pesos de Aguakán por los 30 años adicionales, aunque esos recursos se esfumaron.
El silencio prolongado por parte del Congreso y el Poder Ejecutivo, amenaza con que el litigio se lleve 30 años, mismo tiempo de la concesión revocada que termina en 2053. Además, el pago que tendría que hacerse a la empresa por las supuestas inversiones realizadas, es tan elevado, que el gobierno del estado no podría hacerlo, cuyo “impacto presupuestal” no fue considerado por Humberto Aldana en su iniciativa. Se habla de ocho mil millones de pesos, que representa el 15.6% del presupuesto anual 2025 de todo el gobierno del estado.
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La revocación fue resultado, políticamente, de la consulta popular constitucional vinculante, que mandató sí a la revocación; legalmente, al mal servicio que presta y porque según la iniciativa revocatoria del diputado presidente de la Jugocopo de la XVII Legislatura, Humberto Aldana Navarro, consideró: “la XIV Legislatura no tuvo conocimiento de los términos del nuevo contrato de concesión, pues el mismo no le fue presentado, en violación a la ley, por lo que el decreto hoy abrogado sólo era un instrumento para impedir la evaluación del servicio prestado por esta empresa”.
Dicha revocación, que Humberto Aldana y representantes de la 4T aprobaron con el rostro en éxtasis histórico, como si fuera el triunfo de la Revolución francesa, se la pasó por el arco del triunfo la empresa Aguakán; un año ya en que la concesionaria opera bajo amparo judicial contra la revocación aprobada por la XVII Legislatura.
El año 2025 puede ser clave para definir el tema Aguakán, ya que la gobernadora Mara Lezama sí se pronunció en marzo de 2024: “Estamos trabajando, lo voy a dejar muy claro y en pocas palabras, nadie al margen de la ley y nadie por encima de la ley (…) están trabajando nuestros abogados” advirtió.
Habría qué ver cómo encaja el caso Aguakán de Quintana Roo en el Plan Nacional Hídrico, cuyos criterios coinciden en recuperar el control público de las concesiones a bienes de la nación con es el agua, considerando que la concesionaria explota los ríos subterráneos de la península de Yucatán que pasan por el subsuelo de Quintana Roo.
Hasta el momento el gobierno federal no se ha pronunciado al respecto, tampoco se sabe si el gobierno del estado ha expuesto este tema en los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo que se está elaborando por el segundo piso de la cuarta transformación, que encabeza Claudia Sheinbaum.
Además del tema electoral, que será intenso, el 2025 tendrá otros puntos neurálgicos en la agenda Quintana Roo, como éste de Aguakán, los basureros de Cancún y Chetumal, entre otros.
