Agencias
CANCÚN.- En un rincón del paraíso turístico de Chichén Itzá, el Hotel Mayaland, un emblema de la hospitalidad yucateca, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial y la seguridad en el Estado.
Fernando Eugenio Barbachano Herrero, propietario de este hotel y del Lodge At Chichen Itza, ha denunciado un despojo violento que comenzó el 17 de febrero de 2022, cuando un grupo de aproximadamente 50 hombres armados irrumpió en sus propiedades, despojándolo con violencia de su legítimo derecho de posesión.
El día fatídico, Barbachano Herrerl se encontraba en la ciudad cuando recibió la alarmante noticia de que un grupo de individuos, vestidos de negro y armados, había tomado el control del hotel.
Según testimonios de empleados, los intrusos no solo ocuparon el inmueble, sino que también destruyeron las cámaras de seguridad, asegurando su control absoluto sobre el lugar.
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Lo sospechoso es que, a pesar de que el gerente del hotel llamó al 911 y el propietario llamó al 089 en busca de ayuda, ninguna de las autoridades nunca respondieron. Y permanecieron inactivos.
En reciente conferencia de prensa, Barbachano Herrero acusó a Rodolfo Rosas Moya, un empresario que durante la pandemia de Covid-19 intentó adquirir los hoteles bajo una falsa promesa de compra, como el responsable del despojo.
Según Barbachano Herrero, Rosas Moya no solo incumplió con el pago, sino que también ha logrado evitar ser llamado a declarar a pesar de varias denuncias en su contra.
Los abogados Gerardo Ostos Rincón Gallardo y Manolo Rodríguez Villamil, señalan alteraciones de registros oficiales, corrupción entre la Fiscalía y la autoridad judicial, así como falsedad en declaraciones.
El caso del Hotel Mayaland no solo pone en evidencia la violencia y el despojo, sino que también revela un entramado de corrupción y presunto lavado de dinero, según expusieron los abogados de la parte afectada.
La defensa de Barbachano asegura que la Fiscalía General del Estado de Yucatán se encuentra en desacato, pues la FGE de Quintana Roo envió un orificio de colaboración a la FGE de Yucatán para entregar el hotel. Y también al negarse a hacer válida una sentencia de amparo federal que la obliga a ejercer acción penal por el delito de despojo.
El caso que lleva más de dos años en litigio, ha provocado reacciones como la de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo, que recientemente expresó su preocupación por lo ocurrido en los hoteles y por la nula acción de las autoridades.
En un escrito dirigido al actual gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, la asociación solicita que se tomen medidas para resolver el conflicto y garantizar la seguridad de los turistas y los propietarios de los hoteles.
Barbachano Herrero acusa a las autoridades yucatecas de actuar en contubernio con Rodolfo Rosas Moya, lo que ha permitido que el despojo se mantenga durante más de dos años.
El propietario de los hoteles asegura que en Yucatán no existe el estado de derecho, y que el ex gobernador Mauricio Vila Dosal y ahora senador, ha controlado a los magistrados del Poder Judicial, así como al fiscal general del Estado, Juan Manuel León León pues fue él quien los puso en sus puestos, a modo.
La denuncia penal presentada en junio de este año contra el ex gobernador y el fiscal general del Estado, por omisiones y acciones a favor de Rosas Moya, es un ejemplo de la gravedad del caso.
La lucha de Barbachano Herrero por recuperar su propiedad y por la justicia, es un ejemplo de la resistencia de los ciudadanos frente a la corrupción y la impunidad.
El caso del Hotel Mayaland es un llamado a la acción para que las autoridades yucatecas tomen medidas para resolver el conflicto y garantizar la seguridad y la justicia; y para evitar que se siga manchando la imagen del Estado.
Red Informativa del Sureste