Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Grupo de Lucha por la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical presentó a la gobernadora María Elena Lezama la queja de forma presencial y por escrito de las supuestas irregularidades cometidas por el líder del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Julio César Castilla Zapata.
Los taxistas disidentes fueron atendidos por la gobernadora durante la audiencia que se realizó el pasado 9 de diciembre. En dicho encuentro también estuvo presente el director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia.
Los inconformes expusieron las diversas supuestas irregularidades del líder sindical.
María Elvira Tehosol Palomo, representante común del Grupo de Lucha, fue quien dio a conocer la atención de la gobernadora, relacionada con el supuesto daño patrimonial del Suchaa y de la reelección de Castilla Zapata, quien al parecer ha violado los estatutos y realizado un manejo poco transparente de los bienes y cuotas sindicales.
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La mandataria estatal atendió la queja y canalizó a los inconformes ante las autoridades como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Imoveqroo.
De acuerdo con los disidentes la gobernadora hizo hincapié en la autonomía del Suchaa, sin embargo, ofreció el apoyo en las medidas de las posibilidades, pues dejó en claro que en el estado no se permitirá más la corrupción de los gremios taxistas.
Como consecuencia de las irregularidades cometidas por “Durazo” y su directiva en contra del gremio taxista, fueron interpuesto demandas ante los tribunales laborales del estado que pertenecen al Poder Judicial de Quintana Roo.
De acuerdo con el Grupo de Lucha la primera demanda fue interpuesta el 17 de octubre de 2023, con número de expediente 244, por violación a los estatutos y daño patrimonial. Debido a que Castilla Zapata no ha querido transparentar los recursos que se obtienen por cuotas sindicales y cuál es el destino de los mismos.
La segunda demanda se presentó el 9 de diciembre del 2023, con número de expediente 306/2023, por su primer intento de reelección y en el que violó los estatutos.
La última demanda fue interpuesta el 1 de abril del 2024, con número de expediente 96/2024, por la impugnación del proceso realizado el 24 de marzo de 2024. El Centro Federal de Conciliación otorgó a “Durazo” una prórroga de dos meses y le ordenó convocar a elecciones para una nueva directiva, pero Castilla Zapata volvió a violar los estatutos y se volvió a reelegir, pero hasta la fecha no cuenta con la toma de nota.
Los taxistas disidentes señalaron que Julio César Castilla Zapata además de cobrar cuotas a socios ayudantes creo una nueva figura irregular dentro del gremio denominada aperadores. A los dos les cobra 30 mil pesos en abonos, para hacer entrega de concesiones que solicitó al Imoveqroo, lo cual es ilegal pues no solo viola los estatutos, sino legislaciones federales. Pero la corrupción se comete al parecer en complicidad del Instituto de Movilidad.
La solicitud de apoyo a la gobernadora obedece a que los juicios laborales están detenidos por el tribunal laboral perteneciente al Poder Judicial.
